Babeque, Bohío, Haití o Quisqueya, como denominaban los indígenas caribeños a la isla más importante del Caribe, era habitada por gente mansa, honesta y servicial hasta que Cristóbal Colón y un grupo de aventureros ambiciosos y sedientos de oro llegaron a ésta tierra. Desde entonces y hasta ahora, en cuanto concierne a las sociedades que se han desarrollado en la isla, tanto en lo que hoy se conoce como Haití y lo que constituye la República Dominicana, sin importar la organización política que detente la administración de la cosa pública, los 500 años transcurridos han estado en poder de la CLEPTOCRACIA.
Hemos sido gobernados por ladrones, cuyo ejercicio de la función pública ha estado caracterizado por la corrupción política, que ha sido la fuente de enriquecimiento de funcionarios, familiares, amigos y allegados, a través de todas las variadas formas que se cobija bajo el denominador común de prevaricación. Mientras más inteligente y cultivado es el mandatario de turno, mayor es su capacidad para idear refinadas modalidades para desviar fondos públicos para su provecho personal. Ahora se han inventado fundaciones dedicadas al estudio y a la filantropía, persiguiendo la formación de talentos que sirvan a sus intereses y la repartición de limosnas cacareadas para grangearse titulares y elogios, en medios controlados por los funcionarios ladrones a través de testaferros.
La República Dominicana, un país híbrido, capital mundial del mulataje, se ha convertido en el ejemplo típico de lo que significa CORRUPCIÓN RAMPANTE e IMPUNIDAD GARANTIZADA, y como los actores se las han ingeniado para garantizarse impunidad controlando todas los órganos de persecución de la actividad criminal.
Para la gente que tiene dos dedos de frente la República Dominicana es un caso perdido. Eso afecta hasta la política de relaciones exteriores, orientada no en función del interés nacional sino en la preservación de ventajas personales.
Aquí se roba de todo, y cualquier truhán internacional se convierte de la noche a la mañana, en diplomático, oficial de la policía o agente de un órgano de investigación. Hemos perdido crédito y respeto internacional, y la persecución selectiva, dependiendo de cuan fuertes son los vínculos de un criminal con los detentadores de poder público, hace que la soga rompa por lo más delgado, o que la red sólo atrape a las rémoras.
Un caso antológico: El tiburón español Arturo del Tiempo Marquez, enganchado como oficial de la Policía Nacional en el gobierno de Leonel Fernández, y amigo íntimo del general Guzmán Fermín, Jefe de la Policia Nacional y asesor policial del Presidente Leonel Fernandez, estuvo exportando semanalmente furgones repletos de cocaina hacia España. Su socio colombiano, Adolfo Luque, arrestado en la República Dominicana, obtuvo su libertad bajo fianza, debido a que tenía "arraigo" en el país; se le impuso impedimento de salida y se fue del pais tan campante como Jhonny Walker. Hasta donde sabemos el Ministerio Público durante el gobierno de Leonel Fernández y durante lo que va del gobierno de Danilo Medina, olvidaron el caso.
Este es un caso gravísimo, pues durante la gestión de Guzmán Fermín se creó en la Policía Nacional un departamento dedicado a combatir el narcotráfico, paralelo y en competencia con la Dirección General de Control de Drogas, que es el órgano oficial de persecución a las actividades relacionadas con el narcotráfico. En los mentideros político, muy a soto voce, para no arriesgarse a que le saquen la lengua en una de las ergástulas destinada a los presos "análogos", como designa el argot policial a los que hay que "apretar" para que confiesen lo que se quiere oir, se comentaba que parte de la droga que exportaba el tiburón español provenía de la droga incautada por las autoridades dominicanas en el gobierno de Leonel Fernández. Por cierto que, relacionado con este caso, el vigilante que descubrió uno de los embarques de Arturo del Tiempo Marquez fue asesinado, y el crimen quedó impune y olvidado. Después del asesinato del infeliz vigilante los furgones cargados de cocaína siguieron saliendo hacia España, y si en España no hubieran detenido a su tiburón, todavía estuviera exportando cocaína.
Alguien se robó un avión y hasta hubo uno que se las ingenió para robarse una bahía completa, y repartir como predios agrícolas la más hermosa playa del mundo: Bahía de las Aguilas. El asunto se comenzó a instruir hace lustros, y ayer, 4 de junio, una magistrada declaró extinguida la acción penal ejercida en contra de los principales cabecillas del hurto.
A la magistrada le han dado hasta con el "cubo´e lagua"; los primeros que han pegado el grito al cielo son la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Berenice Reynoso, y el Procurador General de la República, Francisco Domingo Brito. Ambos están "alarmados" e "indignados" por el proceder de la judicatura, y la prensa y los comentaristas, periodistas y programeros que se han erigido en infalibles hacedores de opinión pública, que generalmente es opinión a favor de intereses creados, censuran acremente a la juez Giselle Mendez. Algunos han pedido su cabeza al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán.
Cualquiera que no conociera la realidad dominicana pensaría que tenemos un Ministerio Público al servicio de la sociedad, dispuesto a no escatimar esfuerzos para que los culpables del crimen de prevaricación reciban la sanción que merecen.
El caso Bahía de las Aguilas encuera al Ministerio Público y revela su extraordinaria capacidad mimética, aparentando lo que realmente no es, pues sucede que el proceso estaba abierto cuando Francisco Dominguez Brito era el Procurador Fiscal del Distrito Nacional, y mientras estuvo al frente del cargo no hizo absolutamente nada para impulsar la acción pública, durante el gobierno de Leonel Fernández; pero, también Berenice Reynoso fue Procuradora Fiscal del Distrito Nacional en el gobierno de Leonel Fernández, y parece que no se enteró que el proceso estaba abierto.
Ambos funcionarios, por su inacción cuando debieron actuar, dejaron vencer el plazo establecido en el Código Procesal Penal para culminar el proceso, y es su culpa, es su negligencia la que provocó la perención. Simplemente se agotó el tiempo porque el Ministerio Público del PLD le falló a la sociedad dominicana, y le falló porque carece de independencia en casos que tienen "conexión" política, y en la especie, el principal de los acusados es un notorio e influyente ex funcionario y dirigente del Partido Reformista, aliado perrunamente leal a Leonel Fernández, activista a favor de la reelección de Leonel Fernández. 
Mientras convenía al interés político de los detentadores del poder público, el proceso de Bahia de las Aguilas fue ignorado; ahora conviene al interés político de esos mismos falsarios e hipócritas echarle la culpa a una juez. No es dudable que la juez sea sentada en el banquillo de los acusados.
Mientras el Ministerio Público actúe como un Comisariato Político, realizando una persecución selectiva, o autoparalizándose cuando le ordenan no tocar una tecla, sobre todo en casos de prevaricación, lo único que tiene garantizado el país es el reinado de la impunidad.
Si el robo de Bahía de las Aguilas quedó sin sanción penal, la culpa es del Ministerio Público, en las personas de Francisco Dominguez Brito y Berenice Reynoso, no de Giselle Méndez, una jueza responsable y competente, obligada a respetar las disposiciones legales.
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