POR UNA REFORMA PRO OPERARI : MÁS DINERO PARA LOS OBREROS

La  paz laboral  que ha caracterizado las relaciones obrero patronales de la República Dominicana en los últimos  veinte años,   fruto  el consenso tripartito entre el Estado, los empleadores y los trabajadores, descansa sobre  el andamiaje jurídico de la Ley 16-92, nuestro emblemático Código Laboral, sustituto del Código Trujillo de Trabajo, que estuvo vigente desde el 11 de junio del 1951.

En ese lapso los empresarios se han hecho más ricos  y  los trabajadores más pobres. En los últimos diez años el poder adquisitivo del salario  de los trabajadores se redujo en un 27%, y esa estrepitosa caída del poder de compra del salario se ha traducido en un creciente deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población dominicana.  

Los estudios más recientes del PNUD y el Banco Mundial revelan que en la República Dominicana ha aumentado la pobreza extrema y que la clase media baja de hace diez años ha visto disminuir drásticamente su calidad de vida;  paradógicamente, sobre las escuálidas finanzas de la clase media y la escasez de los más necesitados han caído como langostas voraces e insaciables las últimas cinco reformas fiscales, todas prohijadas por gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pues ha sido sobre la base de impuestos indirectos, que encarecen alimentos, bienes y servicios de primera necesidad que se ha mantenido el equilibrio macroeconómico del país. En resumen las familias más pobres están pagado para beneficiar a las más ricas.

Mientras los empresarios son beneficiarios de fabulosas exenciones de impuestos, los gobiernos del PLD han  grabado los  productos de la canasta básica, tales como azúcar, chocolate, aceite, etc. Un chofer de concho o un motoconchista pagan 86 pesos de impuesto por cada galón de gasolina que consumen; pero, empresas tan poderosas como la Barry Gold, son favorecidas con la exoneración de impuestos por los combustibles que consuman. Los cálculos de organismos internacionales estiman que el monto económico de los privilegios que reciben los empresarios dominicanos equivale a un 4.5% del Producto Interno Bruto al nivel actual. Eso es mucho dinero, que si fuera invertido en el sistema de salud habría hospitales bien equipados y con medicinas gratuitas para todos los dominicanos.

La Ley 16-92, nuestro Código Laboral, a juicio de empresarios y funcionarios, está desfasado  y deber ser reformado, y creemos que sí, que debe ser reformado, pero no para empeorar o mantener vigente el estado de cosas, sino para transformarlo en un instrumento jurídico ágil y efectivo para disminuir los niveles de pobreza y las perspectivas tan poco halagüeñas conque el trabajador dominicano vislumbra su futuro, cuando ya sin fuerzas para trabajar, acosado por una enfermedad, o en la edad en que el retiro es obligatorio, se encuentra en la calle, sin techo ni medicinas, viviendo, como dice el pueblo, con una mano alante y otra detrás.

La clase obrera dominicana vive su período de mayor indefensión de los últimos cincuenta años, y los gobiernos del PLD, con Leonel Fernández a la cabeza, neoliberal a ultranza, favoreció una política de privatización de la empresa pública que resultó funesta para los trabajadores y de pingues beneficios para los dueños del capital, pues mientras los trabajadores fueron abandonados a su suerte,  el capital compró a precio de vaca muerta.

Un ejemplo patético de esta  cruel y azarosa realidad la representan los ex obreros del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).   Después de la privatización de los ingenios del CEA, ocurrida en el 1996, durante el primer gobierno de Leonel Fernández, todavía en el 2014, transcurridos 18 largos años de la funesta privatización, los hoy ancianos braceros, exhaustos, siguen reclamando una pírrica pensión, que ronda los 5 mil pesos, cuando la canasta básica se aproxima a los 25 mil pesos. En el ínterin, viviendo de promesas y burlados con pensiones otorgadas por decreto que nunca se convirtieron en dinero, 417 obreros del quebrado Consejo Estatal del Azúcar han muerto, todos de impotencia y muchos de inanición. Ese es el fruto de la política neoliberal impuesta por Leonel Fernández.

 Los trabajadores, cuyos dirigentes parece que fueron comprados y castrados por el poder económico, asisten como convidados de piedra a las discusiones sobre las reformas al Código Laboral patrocinadas por el empresariado dominicano, y hasta ahora no se ha escuchado una sola voz que favorezca una reforma pro operari.

Corresponde a los representantes de los trabajadores jugar un rol activo en las discusiones, presentando propuestas susceptibles de transformar el Código Laboral en un instrumento jurídico eficaz para acercar la justicia social; tienen el deber de reclamar una reforma que ponga más dinero en los bolsillos de los trabajadores, lo que contribuirá a dinamizar la economía y a estrechar la brecha entre ricos y pobres. Hay una excesiva cantidad de dominicanos viviendo en la pobreza extrema, y la reforma al Código Laboral que buscan los empresarios creará más pobreza. Esperamos que los líderes sindicales que asisten a las discusiones despierten y abracen la causa del trabajador, presentando propuestas para una reforma pro operari.

Aunque empresarios y gobierno hablan de la necesidad de cambiar el modelo económico, nadie ha encaminado propuestas para que el cambio se manifieste positivamente  en  los bolsillos de trabajadores; es imposible  romper las cadenas de la pobreza sin dinero, y  con salarios que apenas alcanzan para pagar un tercio de la canasta básica, la justicia social seguirá siendo una quimera inalcanzable.

La mentalidad encomendera del empresario dominicano ha quedado plasmada en sus propuestas de reforma al Código Laboral, entre cuyos propósitos se encuentra reducir los derechos de la maternidad, incrementar la jornada laboral, ampliar el período probatorio y eliminar o reducir el derecho  de cesantía. La retrógrada propuesta de los empresarios pretende conseguir  más fuerza de trabajo a cambio de menos dinero.

¿Qué tipo de reforma al Código Laboral necesitan los trabajadores dominicanos?

Nuestra clase obrera necesita un salario mínimo más elevado, cuya indexación anual se produzca automáticamente, para evitar la pérdida de la capacidad de compra del salario; reducir la jornada laboral a 40 horas, de manera que el trabajador disponga de tiempo para invertirlo en su superación, compartir con su familia o recrearse; ampliar los beneficios de la maternidad, de manera que la trabajadora parturienta disponga por lo menos  dos años junto a su criatura, percibiendo el doble de su salario; reducir el período probatorio a un mes, de manera que los derechos del trabajador entren en vigencia en un menor período de tiempo; recibir como bonificación anual equivalente  al 25% de los beneficios de la empresa; derecho al sueldo catorce, que coincida con el inicio del año escolar, para poder financiar las necesidades educativas básicas de sus hijos,   y a beneficiarse económicamente de sus inversiones en la seguridad social antes de que alcance la edad de jubilación.

Es tiempo de hacer lo que nunca se ha hecho, en materia de reforma laboral, y el presidente Danilo Medina Sánchez dispone de una magnífica oportunidad para introducir en el Código Laboral las reformas que necesita la clase obrera,   que debe ser pensada y concretizada en función de acercar la justicia social al mundo laboral, poniendo más dinero en el bolsillo de los trabajadores.