El magnate del crimen organizado, sin haber nunca construido una letrina, recibió en la República Dominicana facilidades crediticias, en el banco comercial del Estado, para construir una torre de lujo: La Torre Atiemar. Su amigo, en ese entonces Jefe de la Policía Nacional, General Guzmán Fermín, hombre de extrema confianza del entonces presidente dominicano, el Don Leonel Fernández, "adquirió" en la torre un lujoso pent house, y el mercader español entraba al despacho del entonces presidente de la República, el Don Leonel Fernández, como Pedro por su casa. Los dominicanos nos enteramos, sin sorpresa pues aquí todo es posible, que el español estaba asimilado como oficial de la Policía Nacional.
La imagen que ilustra esta crónica fue tomada en el Palacio Nacional: El
del centro es el Don Leonel Fernández, a la izquierda se encuentra el Don
Arturo del Tiempo Marques, y a la derecha su hijo Arturito
Cuando atrapan al Don Arturo en
España, con las manos en la masa, inmediatamente se hizo pública la información
el ministerio público, en la persona del Procurador General de la República, su
jefe, después del Presidente de la República, Radhamés Jiménez, viajó a España, y allá dijo
que su visita tenía como finalidad recabar información útil para profundizar
la investigación. Muchos, entre ellos
quien esto escribe, interpretó la visita como un acto de desesperación de un
personaje poderoso que se asustó, y temeroso que pudiera filtrarse información
que comprometiera su responsabilidad, envió a su hombre de confianza para que
indagara lo que se traían entre manos las autoridades españolas.
En el país fue arrestado un colombiano que se hacía llamar Adolfo, el que
mostramos en la siguiente imagen, acompañado de dos custodios, señalado como la
mano derecha del Don Arturo, y encargado de enviar semanalmente a España, desde
un puerto dominicano, que parece fue construido para esos propósitos, por la
cantidad de droga que sale del mismo, 1200 kilos de cocaína, camuflada en
contenedores que transportaban mármol.
Al colombiano Adolfo, que en la ocasión fue señalado como el hombre clave, le impusieron como medida de coerción prisión
preventiva. Poco después le organizaron una revisión de la medida, para lo cual
el sistema “aprovechó” los servicios de un juez suplente, y salió en libertad, con el compromiso de
presentarse cada vez que la autoridad lo requiriera. El juez del sistema
encontró que el colombiano tenía suficiente arraigo en el país, y que eso era suficiente para garantizar la culminación
del proceso. El fiscal del Distrito Nacional, representante del ministerio, el
jurista Moscoso Segarra no mostró el más mínimo interés en revertir la medida,
pero se curó en salud, y criticó públicamente la medida, y como funcionario
respetuoso del ordenamiento jurídico, cumplió la sentencia y ordenó la libertad
del colombiano. Sin embargo, cuando el sistema tiene interés en mantener a
alguien en prisión le busca la quinta pata al gato, y viola hasta la
Constitución de la República.
Nadie ha vuelto a saber de Adolfo, y
yo me inscribo en la tesis de que el colombiano fue dejado en libertad, pero no
llegó a Colombia. La autoridad nacional no tenía interés en profundizar la
investigación del caso, pues el asunto picaba muy cerca de funcionarios
públicos, y una investigación seria tendría necesariamente que remover santos
de muchos altares. Adolfo preso era un problema, pues si era pedido en
extradición, saldría del ámbito local y podría cantar hasta por los codos a
cambio de indulgencia.
¿Soltaron al colombiano para eliminarlo físicamente? Hasta que no aparezca
esa es mi tesis.
No es una suposición peregrina, antojadiza, con la finalidad de enlodar
reputaciones, que de por sí tienen tanto lodo que no les cabe una pizca más.
Sucede que al caso Atiemar está asociado a un crimen que permanece impune, y que en su momento la autoridad
apenas se enteró, pues no detuvo a nadie, excepto al cadáver.
¿A quién asesinaron para que no hablara?
Los deleznables criminales vinculados a Atiemar secuestraron y asesinaron
al agente que descubrió el cargamento de drogas que había enviado el Don
Arturo. No se trató del único
cargamento, pues el mismo inspector del puerto Caucedo, de donde partió la
droga, ya había reportado, meses antes, otro cargamento del mismo Don Arturo. La imagen del muerto corresponde al inspector asesinado, y este crimen permanece impune.
Obviamente, una vez se interrogara al inspector éste declararía el nombre
de las personas que se tragaron la información inicial, y permitieron que el
magnate español siguiera exportando cocaína, como efectivamente ocurrió. Si el
Don Arturo del Tiempo Marques no hubiera sido detenido por las autoridades españolas,
aún estaría exportando drogas desde la República Dominicana.
Mientras tanto, a la autoridad del ministerio público que no cumplió con
sus atribuciones, que archivó el expediente y evadió la investigación, le ha
ido muy bien, y sus servicios fueron premiados.
El Fiscal del Distrito Nacional, el
jurista Moscoso Segarra, fue seleccionado por el Presidente Leonel Fernández
como miembro de la Suprema Corte de Justicia. Ahora es uno de los honorables jueces
de la Cámara Penal, y desde esa posición puede contribuir, y así lo ha hecho,
al blindaje jurídico que se creó Leonel Fernandez para evitar ser procesado
penalmente.
El entonces Procurador General de República, el
también jurista Radhamés Jimenez, acaba de ser elegido miembro de la poderosa
Comisión Política del Partido de la Liberación Dominicana, y por supuesto, contó
con el apoyo de Leonel Fernández.
Esa realidad, y la corrupción rampante
sobre la que se construyó la inmensa
fortuna de Leonel Fernández y muchos de sus funcionarios, ha dado pábulo a que
la mayoría de los dominicanos compartamos la convicción de que Leonel Fernández
ejerció un poder político tenebroso, y que mientras respire representa UN
PELIGRO NACIONAL.
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