Le ley No. 448-06 de la República
Dominicana (RD), que tiene el propósito de sancionar el soborno nunca ha sido
aplicada, a pesar de que nuestra amada RD es uno de los países más corruptos
del planeta Tierra, y donde el soborno está profundamente enraizado.
En sus tres primeros
considerandos nuestros legisladores copiaron lo siguiente:
"Que el proceso de
integración económica en que se encuentra la República Dominicana implica la
adopción de medidas que ofrezcan mayor seguridad jurídica y transparencia en
los intercambios comerciales y los flujos de inversión, así como la garantía de
un ambiente nacional caracterizado por la integridad en el ejercicio de las
funciones públicas y un efectivo combate a la corrupción";
"Que el fenómeno de la
corrupción requiere, para su prevención y combate, de una activa y amplia
cooperación internacional para la promoción de un ambiente de integridad";
“Que el soborno que se promete,
se ofrece o se otorgue a funcionarios públicos en transacciones comerciales o
económicas, nacionales o internacionales constituye un acto de corrupción que hiere
gravemente el régimen de competencia"
Los motivos no tienen
desperdicio, y sin lugar a dudas constituyen verdades axiomáticas.
En su Artículo 3 la referida
legislación establece lo siguiente:
"Toda persona, ya sea física o jurídica, que ofrezca, prometa u otorgue intencionalmente, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que desempeñe funciones públicas en la República Dominicana, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favor, promesa o ventaja, para sí mismo u otra persona, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversión nacional o internacional, se considerará reo de soborno nacional."
En su Art. 4 dispone lo siguiente:
En su Art. 4 dispone lo siguiente:
"Toda persona, ya sea física o jurídica, sujeta a la jurisdicción de la República Dominicana, que ofrezca, prometa u otorgue intencionalmente, directa o indirectamente, a un funcionario extranjero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favor, promesa, o ventaja, para dicho funcionario u otra persona, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones oficiales, en asuntos que afecten el comercio o inversión internacional, se considerará reo de soborno transaccional."
Estas disposiciones son aplicables a Odebrecht , empresa brasileña radicada en el país, sometida al imperio de la ley nacional, y que en los últimos doce años ha sido beneficiada con contratos para la construcción de diferentes obras públicas, el último de los cuales, Punta Catalina, ha sido cuestionada por todas las firmas que participaron en la licitación y que, inferimos por la cuantía de los sobornos admitidos, no se encuentra entre aquellos contratos para los que ya la constructora brasileña admitió que pagó sobornos a funcionarios dominicanos.
En su Art. 5 la referida ley
establece que el sobornante, si es una persona física, será castigado con la
pena de tres (3) a diez (10) años de reclusión, y condenado a una multa del
duplo de las recompensas ofrecidas, prometidas u otorgadas, sin que, en ningún
caso pueda esa multa ser inferior a cincuenta salarios mínimo".
En el Art. 6 dispone que "
En los casos en que el sobornante, sea una persona jurídica, será condenado por
un período de dos (2) a cinco (5) años al cierre o intervención y a una multa
del duplo de las recompensas ofrecidas, prometidas u otorgadas, sin que, en
ningún caso, pueda esa multa ser inferior a setenta y cinco salarios mínimos."
Los sobornados serán castigados, de conformidad con el Art. 2 de la referida ley, con la pena de tres (3) a diez (10) años de reclusión y condenado a una multa del duplo de las recompensas recibidas, solicitadas o prometidas, sin que, en ningún caso, pueda esa multa ser inferior a cincuenta salarios mínimos, y a los cómplices , según el Artículo 8.- se les impondrá la misma pena que correspond
Odebrecht suscribió con Brasil,
Estados Unidos y Suiza, un acuerdo de lenidad, que le permite evadir todo el
peso de la ley aplicable en esos países a cambio de pagar una multa y cooperar
con información útil.
Para sobrevivir jurídicamente la Odebrecht
habló hasta por los codos, y todo lo que era rumor en la República Dominicana fue materializado por la confesión del reo, por
lo que ningún responsable saldrá airoso… a menos que el poder político de
turno, como ha sucedido en nuestro país desde el 1844, le garantice impunidad.
El Estado Dominicano tiene la
oportunidad de aliviar su déficit fiscal y recibir dinero fresco sin tener que
endeudarse. De los 3 mil 600 millones de dólares que pagará la empresa para no
ser castigada severamente, Brasil recibirá 2 mil 800 millones, y el resto se lo
repartirán Estados Unidos y Suiza.
Ya la Odebrecht confesó, y dijo
que sobornó a funcionarios de tres gobiernos en la República Dominicana. Eso le
permitió obtener contratos y sobrevalorar las obras, en perjuicio de todos los
dominicanos, uno de cada tres vive sumido en la pobreza.
La Odebrecht y funcionarios de
los gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina le robaron a
los dominicanos. Corresponde a Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina
aunar iniciativas para que el crimen no quede impune, y si no lo hacen están
descalificados para ejercer cualquier función pública.
No permitamos que el asunto se diluya en una discusión en torno a en cual de los gobiernos se robó más. La oportunidad es ideal para agarrar el toro por los cuernos, y aplicar la ley para beneficiar al país.
La confesión de la Odebrecht
encuera al liderazgo político dominicano que ha administrado los recursos del
Estado desde el 2001 hasta nuestros días, y si le sacamos provecho nos hará
bien a todos.
Las iniciativas del Procurador
General de la Repúblicas, hasta el momento, fiel al Poder Ejecutivo, no van por
buen camino. El asunto requiere iniciativas en procura de la cooperación
internacional, pues ya Odebrecht confesó el delito y rebeló en detalles la
estructura mafiosa de su organización, que en la República Dominicana ha
producido grandes daños, no solo a los dominicanos de a pie, sino a muchas
empresas de la construcción que han sido desplazadas y eliminadas del mercado
al no contar con recursos para competir en sobornos con la empresa brasileña.
La sobornante Odebrecht, como lo hizo con Brasil, Estados Unidos y Suiza, se
inclinará por un " Acuerdo de Lenidad" con el Estado Dominicano, si
la autoridad competente cumple con sus atribuciones.
La empresa brasileña deberá afrontar una multa de
unos 192 millones de dólares, e intuimos que a cambio de pagar 100 millones de
dólares estaría dispuesta a rebelar... a repetir los nombres de los
funcionarios dominicanos que recibieron sobornos, y de esa manera el país
recibirá por los menos 280 millones de dólares, pues los sobornados, en su
mayoría funcionarios del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
el partido de Leonel y Danilo, han acumulado fabulosas fortunas.
Sólo si el Presidente Danilo
Medina protege a la Odebrecht, la República Dominicana dejará de recuperar el dinero que le corresponde. Ese
dinero servirá para financiar las obras públicas que requiere la devastada zona
norte del país, sin necesidad de coger prestado.
Danilo Medina tiene la palabra.
El Procurador General de la República , en vez de agarrar el rábano por las
hojas, solicitando los contratos de obras adjudicados a la Odebrecht, debe
solicitar asistencia y cooperación a Estados Unidos, Brasil y Suiza, y lo
primero que debió haber hecho era allanar la sede de la empresa y secuestrar
todos sus documentos.
Ya la Odebrecht confesó. No hay
pretextos para la inacción, y es deber del
Ministerio Público presentar acusación
en contra de la empresa por violación a la ley 448-06, y dejar de evadir
sus responsabilidad buscando facilitar un bajadero a los sobornados.
No sorprendería que, siguiendo
las sugerencias del Consultor Jurídicos del Poder Ejecutivo, el asunto se deje
sobre la mesa, ante la posibilidad de que al remenear los altares se caigan
todos los santos de la política vernácula, incluyendo al Presidente de la República,
Danilo Medina.
Sobre los sobornos de la Odebrecht han publicado todos los medios
importantes del Planeta Tierra. Compartimos a continuación lo que publicó el periódico El País, de España:
“La constructora Odebrecht y su
brazo petroquímico, Braskem, declararon ante un tribunal estadounidense el
pasado miércoles que son culpables por pagar sobornos a cambio de beneficios en
contratos. Esta corruptela fue descubierta en la Operación Lava Jato, el grupo
operativo de la Fiscalía brasileña que investiga desde hace más de dos años una
megatrama de Petrobras. Esta declaración, en EE UU, forma parte de un acuerdo
de lenidad (confesión a cambio de reducción de castigo) en el que participan
los Gobiernos norteamericano, suizo y brasileño, y prevé el pago total de 3.500
millones de dólares para que Odebrecht y Braskem se libren de las acusaciones
judiciales en los tres países. Esta cifra representa la multa más alta jamás
pagada en el mundo en acuerdos de este tipo y es uno de los triunfos de la
Operación Lava Jato.
“Odebrecht y Braskem emplearon
una secreta, pero totalmente funcional, unidad de negocios de Odebrecht-un
departamento de sobornos, por decirlo de alguna manera- que, sistemáticamente,
pagó cientos de millones de dólares para corromper a funcionarios del Gobierno
en países de los tres continentes”, afirmó Sung-Hee Suh, fiscal general
asistente de la División Criminal del Departamento de Justicia de EE UU, en un
comunicado de prensa. Las dos empresas presentaron sus alegaciones en una corte
federal en Brooklyn, Nueva York. Ambas admitieron haber pagado a empleados para
obtener contratos. Más allá de la multa, las firmas se comprometieron a adoptar
prácticas para evitar que se repita la conducta.
Odebrecht concordó con las
autoridades estadounidenses en que el importe apropiado de la multa sería de
4.500 millones de dólares, pero afirmó que podría desembolsar únicamente 2.600
millones. La cuantía final se determinará en una nueva audiencia, el 17 de
abril. Braskem, por su parte, aceptó pagar 957 millones de dólares. Según el
acuerdo, EE UU abonará la cuantía que las empresas deben también a Brasil y a
Suiza, socios en el acuerdo de lenidad. Brasil se quedará con el 80% de esa
suma, mientras el 20% restante se lo dividirán a partes iguales los gobiernos
estadounidense y suizo.
En un comunicado, el Ministerio
Público Federal brasileño, responsable del caso Petrobras, aseguró que la parte
brasileña de este acuerdo de lenidad se firmó con Odebrecht el 1 de diciembre
de 2016 y con Braskem el 14 del mismo mes. Los acuerdos ya los ha homologado el
Tribunal de Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía brasileña, pero los
pactos todavía se someterán a la homologación de los juzgados competentes. “En
los dos acuerdos, las empresas revelaron y se comprometieron a revelar hechos
ilícitos averiguados en una investigación interna, practicados en Petrobras y
en otras esferas de poder, en los que participaron agentes políticos de los
gobiernos federal, estatal, municipal y extranjeros. Dichos ilícitos, en el
marco del grupo Odebrecht, se llevaban a cabo con el apoyo del sector de
operaciones estructuradas, cuyas actividades fueron denunciadas por la
Operación Lava Jato”, destacó el organismo.
Según el Departamento de Justicia
norteamericano, Odebrecht asumió haber estado involucrada con un “entramado de
soborno masivo durante más de una década, iniciado en 2001″. “Durante ese
período, Odebrecht pagó cerca de 788 millones de dólares en sobornos a
funcionarios del Gobierno, sus representantes y partidos políticos en varios
países para obtener negocios. Esta conducta ilegal estaba dirigida por los
niveles más altos de la empresa, con sobornos pagados mediante una compleja red
de empresas, transacciones no contabilizadas y cuentas bancarias offshore”,
destaca el texto. Este procedimiento se repitió en países como Angola,
Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México,
Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
El Gobierno de EE UU también
sostiene que los pagos a los miembros del Ejecutivo brasileño empezaron a
partir de 2003 y prosiguieron hasta aproximadamente 2016, es decir, con la
Operación Lava Jato ya en marcha. La empresa, según el Departamento de Justicia,
pagó alrededor de 349 millones de dólares en sobornos y esos pagos le
proporcionaron unos beneficios que ascendieron a 1.900 millones.”
EL PRESIDENTE DANILO MEDINA TIENE LA PALABRA… pues en RD no hay independencia real de los poderes públicos, pues
los “poderes” actúan como órganos al
servicio del Poder Ejecutivo.