LOS EXCESOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

La Comisión Política (CP) del Partido 

Revolucionario Dominicano en un órgano 

colegiado; es más importante y tiene más poder

 que cualquiera de sus miembros, incluyendo al 

presidente o al secretario general del 

partido.Corresponde, EXCLUSIVAMENTE, a la 

CP, según lo establecido en sus estatutos: 

Determinar la línea táctica del Partido y conducir el Partido en sus tareas cotidianas.

Ese detalle tenía que ser ponderado por los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE); también debió sopesar el hecho de que Miguel Vargas, en su calidad de Presidente del PRD, violó los Estatutos al no convocar la Comisión Política con la periodicidad establecida, y que los estatutos, como ley entre las partes, se  impone a todos los miembros del partido; de manera pues, que ante el hecho comprobado de que el Presidente suplantó al órgano ejecutivo, arrogándose sus atribuciones,en detrimento de la institucionalidad que dice representar, su suspensión devino en  una alternativa racional, necesaria y saludable para la vida realmente institucional del PRD. 

No es el Presidente del Partido quien conduce las tareas cotidianas del Partido, o quien determina la línea táctica, sino LA COMISIÓN POLÍTICA.

La Comisión Política, por disposición estatutaria debe reunirse ordinariamente cada siete (7) días y extraordinariamente cuantas veces la convoquen el(la) Presidente(a) del Partido, el(la) Secretario(a) General o la tercera parte de sus miembros(as), y cada treinta (30) días, por lo menos, debe reunirse con los(as) Presidentes(as) de los Comités Municipales. Miguel Vargas, a pesar de que el Partido estaba inmerso en su actividad más importante, que lo es la campaña electoral, nunca convocó a la Comisión Política ni se reunió con el Pleno de los presidentes de los Comités Municipales del Partido. Sólo por esa falta debió ser suspendido hace mucho tiempo como presidente del PRD. Postergar la medida de su suspensión contribuyó al fracaso electoral del partido.

Los jueces electorales, al decidir anular la suspensión de Miguel Vargas, aduciendo inconstitucionalidad estatutaria, han colocado la carreta delante de los bueyes; pero, además han cometido errores garrafales, impensables en abogados cuya preparación e "idoneidad", según los evaluadores del Consejo Nacional de la Magistratura, sirvió de aval para fue fueran seleccionados como integrantes de una ALTA CORTE, el supremo TSE, a cuyo criterio jurídico, implícitamente, se le ha conferido carácter de infalibilidad,  pues se le ha otorgado poder para juzgar en instancia única. 

El TSE, violó su propia competencia, pues expresamente su ley orgánica no le atribuye poder para conocer diferendos intrapartidarios que sean el resultado de acciones disciplinarias.

¿ Y qué hicieron los jueces del TSE para romper la camisa de fuerza que les imponía su competencia? Simplemente retorcieron el procedimiento e incurrieron en un vicio que en una instancia superior justificaría la casación de su sentencia; los jueces del TSE se autoapoderaron de planteamientos que no les fueron sometidos por las partes,  y fallaron extra y ultra petita, declarando inconstitucionales las disposicones estatutarias que sirvieron de fundamento a la decisión de la Comisión Política que ordenó la suspensión del Presidente del PRD. 

Es inexplicable que esos jueces, como decimos en lenguaje popular, se hayan empecinado en "forzar el mingo", para encajar jurisdiccionalmente lo que es un asunto disciplinario, potestativo exclusivamente de la Comisión Política del PRD. Al forzar el mingo cometieron una pifia que podría tener funestas consecuencias para la sociedad dominicana.

Nadie le planteó a los jueces del TSE, de manera principal o incidentalmente, que los ordinales c y d del artículo 35 de los Estatutos del PRD son contrarios a la Constitución de la República. Como las partes no llevaron esos planteamientos, los jueces debieron limitarse a lo solicitado, pues en la especie, tanto demandantes como demandados estuvieron entre los que aprobaron la norma estatutaria, que se impone a todos los perredeistas.

Los estatutos del PRD  fueron aprobados en el 2004, y la Constitución de la República en el 2010; los jueces del TSE, se colocaron por encima de la Convención del PRD,   y para ayudar Miguel Vargas, Julio Mariñez y Fiquito Vásquez decidieron declarar inconstitucionales los ordinales c y d del artículo 35, que precisamente habían sido aprobados por con el voto favorable de Miguel Vargas, Julio Mariñez y Fiquito Vásquez,  cuyo texto es el siguiente:

c) Decidir sumariamente sobre cualquier caso que a su juicio, dadas las circunstancias, 

haga pasible de expulsión a cualquier(a) miembro(a) del Partido, debiéndose someter 

esta decisión al organismo correspondiente, vale decir, al Comité Ejecutivo Nacional. 

d) Suspender a cualquier(a) miembro(a) del Partido que cometiese falta grave, 

disponiendo su sometimiento al organismo disciplinario correspondiente; vale decir, al 

Consejo Nacional de Disciplina. El sometimiento deberá ser enviado en un plazo no 

mayor de treinta (30) días a partir de la suspensión, o de lo contrario ésta quedará sin 

efecto. 

Esa fue su salida para poder decidir conforme al interés del PLD, cuyo propósito es mantener dentro del PRD, como  su Caballo de Troya, a Miguel Vargas y su comparsa, impidiendo que el PRD se aglutine y consolide en torno a los liderazgos naturales que hicieron posible que el PRD superara con creces al PLD en las pasadas elecciones. Destruir al PRD legítimo es lo que facilitaría el desarrollo e instauración del proyecto absolutista de Leonel Fernández.  

Las personas que integran el TSE no están actuando como jueces, sino como parte interesada en el proceso. Ayer los abogados de una de las partes, persuadida de que no valía la pena exponerse a ser fusilados por un paredón integrado por comisarios políticos parcializado con sus adversarios, optó por bajar de estrados. Era su única opción para por lo menos salvar la dignidad.

Esos distinguidos abogados, encabezados por Eric Raful, son personas civilizadas, conciliadoras,con capacidad para conceptualizar y defender sus criterios con palabras; si todos los dominicanos y dominicanas actuaran como ellos, la impotencia terminaría diluyéndose en resignación, y cualquier desafuero del TSE no pasaría de ser un desafuero más en un país donde sólo impera la razón de la fuerza y la independencia de los poderes se ha esfumado.

No obstante,  para bien o para mal, el pueblo, esa masa amorfa que reacciona como un ariete cuando la impotencia lo ahoga, no va a resignarse a que cinco (5) jueces le roben su partido. Es más, si los jueces del TSE no rectifican su comportamiento, o el Tribunal Constitucional les saca las castañas del fuego, no es aventurado conjeturar sobre la posibilidad de que Danilo Medina se juramente, sí llega vivo al 16 de agosto,  con el país encendido por los cuatro costados y sobre un charco de sangre. Si en los 155 municipios del país el pueblo que votó masivamente blanco sale a las calles simultáneamente, a reclamar justicia, podría desencadenarse el caos, y una vez que se rompa la frágil convivencia social sobre la que se asienta la inseguridad nacional,restaurar la paz social seria muy costoso. 

No es un actitud sabia empecinarse a pagar a Miguel Vargas sus servicios políticos-electorales regalándole las siglas del PRD. Obstinarse es ignorar las lecciones de la historia. Si a la mitad del pueblo dominicano la privan mediante un "fallo histórico" de la única válvula de escape para liberar tensiones, presiones e impotencias, la responsabilidad de lo que suceda recaerá sobre quienes pretenden ser dueños del poder y narigonear al PRD.

¿Qué hacer?

Si alguien recoge el huevo puesto por los jueces del TSE antes que se rompa el cascarón, el país saldrá ganando, y los partidos, como los bloques institucionales imprescindibles para construir la gobernabilidad racional, saldrían fortalecidos. Lo que el TSE pretende hacer con el PRD podría mañana hacerlo con cualquier otro partido, y los que se mantienen al acecho, pensando que podrían pescar en río revuelto y beneficiarse de un posible cisma perredeista podrían estar afilando cuchilla para su propia garganta.

El TSE se metió en terreno pantanoso. Decidieron que los ordinales c y d del artículo 35 de los Estatutos del PRD son contrarios a la Constitución de la República , "por ser los mismos violatorios al artículo 69 de la Constitución, que consagra como garantías a los derechos fundamentales la tutela judicial efectiva y el debido proceso". Eso no es aplicable a los Estatutos del PRD, que rige relaciones entre particulares en igualdad de condiciones.

La Constitución contiene previsiones que pretenden evitar que el Estado desborde su poder coercitivo, siempre dirigido a ciudadanos revestidos de la presunción de inocencia, y para ello establece reglas estrictas que deben observar los encargados de perseguir, investigar y sancionar a los autores o cómplices de hechos ilícitos. Ahí están subsumidas las apreciaciones del TSE, y que no tienen cabida en la relación entre particulares,sobre todo en la vida de los partidos, cuyos órganos y principales autoridades son elegidas libérrimamente por sus miembros en convenciones periódicas, que también tienen derecho a introducir las modificaciones que consideren pertinentes y las conductas de sus miembros susceptibles de ser sancionadas.

Para Miguel Vargas o cualquier perredeista suspendido legitimarse, tiene que contar con el apoyo de la mayoría. Carece de sensatez pretender imponerle al PRD dos estilos de dirección antagónicos y simultáneos: uno, el del Presidente, individualista y marginado de la Comisión Política; y otro, el de la dirección colegiada, pluralista, encabezada por autoridades legítimas, como lo es el Secretario General, que adopta sus decisiones tras deliberar y recibir el respaldo de la mayoría, como ha acontecido recientemente en las reuniones de la Comisión Política y el Comité Ejecutivo Nacional.

Miguel Vargas se mantiene en permanente violación a los Estatutos, pues por encima de la Comisión Política designó a su representante en la Junta Central Electoral,y escogió a un miembro de un partido aliado al PLD. Mientras que la Comisión Política, actuando dentro de sus atribuciones, designa como delegado ante la JCE a un abogado perredeista, el mismo que representó al PRD durante todo el proceso electoral. 

Atribuirse funciones exclusivas de la Comisión Política es otra falta de Miguel Vargas. Como el TSE carece de argumentos jurídicos para anular la sesión de la CP, porque su convocatoria y quorum deliberativo están conforme con los Estatutos del PRD, sus jueces, sin que las partes sometieran esos planteamientos, optaron por declarar inconstitucional disposiciones estatutarias, abriendo la vía para que los abogados del PRD legítimo recurran ante el Tribunal Constitucional, que es presidido por el Dr. Milton Rey Guevara.

El asunto es de antología, pues resulta que el Dr. Rey Guevara presidió la comisión de juristas que redactó los Estatutos del PRD. Si todavía queda espacio para la sensatez, la crisis creada por la obstinación de los jueces del TSE en complacer a Leonel Fernández y a Miguel Vargas, bien haría la jurisdiccion constitucional en recoger a tiempo el huevo jurídico que pusieron los jueces del TSE.

Esperamos que ya Eric Raful esté trabajando en la instancia que el PRD legítmo someterá al Tribunal Constitucional. 

El Partido Socialista de la Républica Dominicana (PSRD) apoya los reclamos del PRD legítimo, y está orando para que los jueces del TSE recobren el sentido de la realidad. Miguel Vargas fue bien suspendido por la Comisión Política del PRD, y el 63% del Comité Ejecutivo Nacional ratificó su suspensión. 

LA COMISIÓN POLÍTICA, según lo establecido en el artículo 35 de los Estatutos del PRD :

a) Determinar la línea táctica del Partido. 

b) Conducir el Partido en sus tareas cotidianas.

Eso es más claro que el agua. No es Miguel Vargas el jefe del partido, es LA COMISIÓN POLÍTICA. Insistir en "FORZAR EL MINGO" es contrario a la salud de la patria, que debe necesariamente estar siempre por encima de los intereses coyunturales y siempre efímeros de cualquier ser humano, llámese Miguel Vargas o Leonel Fernández.

Comisión Política PSRD