LA HORA DE OCOA

La distancia del Cruce de Ocoa a San José de Ocoa es de 28 kilómetros.  La última reconstrucción de la vía, que incluyó la carpeta asfáltica  que aún se conserva en la mayor parte de su recurrido, y las obras de drenaje, con cunetas encachadas,   alcantarillas, etc. costaron 10 millones de pesos. El costo por kilómetro fue de 357 mil 142 pesos y la obra fue construida en menos de un año. Desde entonces han transcurrido 22 años.

Esos mismos 28 kilómetros fueron adjudicados por el gobierno de Leonel Fernández a la empresa Constructora Rizeck, supervisada por COINSA, y lo primero que hizo la constructora  fue desplegar unas llamativas vallas anunciando que el progreso había llegado a San José de Ocoa. El asunto del contrato es tan hermético que nadie sabe a cuanto ascendió el monto del contrato y cuánto dinero ha pagado el Estado a la Constructora Riczek. Luego de tres años, en los que siempre se anunciaba que el dinero para terminar la carretera estaba incluido en el presupuesto, el proyecto no dio señales de avanzar. 

Cuando se iniciaron los hundimientos del terreno en el tramo de Gengibre, el entonces Ministro de Obras Públicas, Victor Díaz Rúa, anunció que se cambiaría el eje de la carretera para evadir ese tramo.  La misma Constructora Riczek siguió a cargo  de la obra, y el cambio de eje fue el pretexto habitual de las autoridades para justificar la lentitud de los trabajos, que durante meses estuvieron completamente paralizados.

No obstante,  en el año 2010, al entrar en su apogeo la campaña electoral para  las elecciones de término medio, la Constructora Riczek reinició su trabajo  a un ritmo tan  frenético que llamó la atención de todos los ocoeños y suscitó un júbilo colectivo: !Por fin se acordaron de nosotros!

Odonell Casado, uno de los inquietos ocoeños que se interesó en el asunto,  publicó en su blog un extenso reportaje sobre la iniciativa, y en su exposición, refiriéndose a los trabajos de la empresa,  reaccionó dubitativo e inquisidor ante el hermetismo de los encargados de la obra, y tradujo su estado de ánimo con las siguientes palabras: " Fue levantado un campamento donde se guardan los vehículos que trabajan en esta obra, pero donde no se ofrece ningún tipo de información. Habría que saber si esta compañía fue a licitación, si están acortando la vida, si se construirán puentes,  si se corregirá el paso del limón o harán desvío  etc., lo real es que la gente debe estar informada y costará ir a Santo Domingo a ver si la burocracia de estas empresas permiten el absceso a la información y no la maquillan diciendo que el que sabe no está en ese momento. La realidad es que se está trabajando día a día en esta carretera, hasta los domingos, pero nadie sabe que están haciendo y si lo están haciendo bien." Los trabajos fueron suspendidos tan pronto concluyeron las elecciones del 2010, y todavía nadie sabe cuanto pagó el Estado a la Constructora Riczek.

Dos años más tarde, el 25 de abril del 2012, otra vez en el apogeo  de una  campaña electoral, el presidente Leonel Fernández dio el tradicional picazo para iniciar los trabajos de construcción de la Carretera Piedra Blanca-Cruce de Ocoa. En el contrato quedó fue incluida  la Construtora Riczek, ahora asociada a la Odebrecht. De esta manera queda cubierta cualquier falta contractual de la Riczek,  y los cientos de millones de pesos invertidos,  dilapidados sin resultados apreciables, se quedan en el olvido.
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El Ministro de Obras Públicas de Leonel Fernández,  el a$tuto Víctor Díaz Rúa, entregó a la empresa Odebrecht 35 millones de dólares por concepto de avance de la obra, que al 39 por 1  equivalen a  1,365 millones de pesos. Como el contrato del gobierno de Leonel Fernández para construir la vía de 83 kilómetros entre Piedra Blanca-Cruce de Ocoa asciende a 298 millones de dólares, o sea 11, 622 millones de pesos, cada   kilómetro, en ese  SOBREVALUADO contrato,  le cuesta al pueblo dominicano  MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS.

Cuando el nuevo Ministro de Obras Públicas, el Lic. Gonzalo Castillo, leyó el contrato que firmó  Victor Díaz Rúa con la Odebrecht,  al comprobar el costo por kilómetro, lo único que atinó a decir fue: ! Coño, y esa vaina?

Gonzalo Castillo justificó la suspensión de los trabajos aduciendo que la obra está  "MUY SOBREVALUADA", e inexplicablemente, en lugar de ordenar una exhaustiva investigación  para determinar si hubo dolo y enviar a la justicia a los responsables de la sobrevaluación,  y por supuesto determinar el destino de los 35 millones de dólares, anuncia que la obra continuará, pero que el Ministerio de Obras Públicas se encargará de una parte de los trabajos y otra parte la hará Odebrecht..

Las autoridades de la provincia y dirigentes comunitarios han mostrado su inconformidad con las suspensión de los trabajos, pero realmente, aunque el país, y especialmente la provincia de San José de Ocoa necesitan con urgencia de esa vía de comunicación, el Estado no puede dejarse estafar por los mismos que crearon el deficit fiscal.

La carretera de Ocoa fue utilizada por el gobierno de Leonel Fernández como un filón para financiar campañas políticas.  Expertos consultados consideran que el costo de los 83 kilómetros  de la vía Piedra Blanca-Cruce de Ocoa, incluyendo puentes, alcantarillas, y obras colaterales, oscila entre 180 y 200 millones de dólares, y es probable que una buena parte de los 35 millones de dólares fuera retenida como "comisión" para gastos de campaña.

Es estimulante saber que Ocoa está en  pie de lucha, intransigente en cuanto a ceder un ápice en sus justos reclamos, pero hay que aprovechar la coyuntura para exigir, además de sanción para quienes sobrevaloraron el proyecto, que las autoridades tomen en cuenta a los ingenieros ocoeños, que hay muchos, muy buenos y están en todos los partidos. Bien harían los ingenieros ocoeños, sin importar banderías políticas, constituir un consorcio y presentar una propuesta al Ministro de Obras Públicas. Si la obra o parte de la misma la construyen nuestros ingenieros, trabajarán nuestros obreros y algún dinero alimentará la precaria economía de la zona.

Para los nostálgicos  apuntamos que la última y exitosa reconstrucción de los 28 kilómetros de la carretera Ocoa-El Cruce,   estuvo a cargo del ingeniero ocoeño Francisco Subero Sajiúm (Ico el de Marianela); todos los obreros eran nativos de Ocoa  y el maestro Chino Marchena se encargó de los enchaches, que  fueron de tanta calidad que todavía, donde no ha habido derrumbes, permanecen intactos.

En ese entonces, sin gobierno electrónico y sin alardes de transparencia   mensualmente, en los primeros diez días de cada  mes, el gobierno publicaba la ejecución del presupuesto del mes anterior, con ingresos  y egresos detallados, y los pagos de las obras públicas que se estaban construyendo en todo el país, indicaban el número de la cubicación y el monto del dinero pagado, de manera que cualquier ciudadano tenía acceso a  la información financiera de su carretera, y por supuesto los obreros y el comercio local celebraban los pagos, pues sabían que el ingeniero, un hombre serio, disponía de recursos para pagarles. De esa magnífica reconstrucción han transcurrido 22 años y si hubiera tenido el mantenimiento adecuado todavía estaría en buen estado. San José de Ocoa ha producido muy buenos ingenieros civiles, y como son personas que les duele su tierra, a cualquiera de ellos que se le hubiere otorgado el contrato para reconstruir la carretera Ocoa-El Cruce, en menos de un año habría concluido la reconstrucción.

Ocoa necesita que sus representantes en el Congreso Nacional, motivados por una profunda sensibilidad humana y social, echen el pleito ante el Ministro de Obras públicas y que exijan la inclusión de la carretera  de Ocoa en  la Ley de Presupuesto y Gastos Públicos para el 2012, y que le den seguimiento a las erogaciones y su inversión.  Ocoa se está cayendo a pedazos, y en esa obra caben los ingenieros ocoeños. Peleen por ellos, que es su obligación, pues los votos que los llevaron al Congreso proceden todos de San José de Ocoa.

LA "COSA" VA EN SERIO

Pro Juris aboga porque el conocimiento de la propuesta del purgante  fiscal elaborado por el gobierno de Danilo Medina se postergue hasta que se determine si los responsables incurrieron en faltas penales, y de ser así, que sean traducidos a la acción de la justicia.

Las aspiraciones de la mayoría de la sociedad dominicana, en el seno del Consejo Económico y Social donde se debate la controversial reforma fiscal promovida por Danilo Medina y su equipo económico, está representada y sintetizada en las exposiciones de  Participación Comunitaria. Su presidente, Francisco Alvarez,  condicionó su apoyo a la reforma tributaria  a que primero se hagan los correctivos correspondientes a la corrupción y al dispendio en el gasto público.

Alvarez ha sido muy enfático al reclamar el "total esclarecimiento de las acciones que generaron el  déficit fiscal, l y que se rinda un minucioso informe sobre las violaciones a la Constitución y las leyes, asignando las responsabilidades de lugar". Si  el  deficit fiscal es producto de corrupción administrativa,    los culpables deben ser procesados y sancionados drásticamente. 

Si hoy tenemos una banca  sana y financieramente sólida se debe a que los banqueros ladrones fueron penal y económicamente sancionados. La sanción fue positiva y surtió  efectos disuasivos: Ningún banquero quiere estar en el pellejo de Ramón Báez Figueroa.   

Por salud de la Patria y el bienestar de las futuras generaciones el gobierno de Danilo Medina debe hacer lo que nunca se ha hecho en el tratamiento del deficit fiscal heredado del gobierno de Leonel Fernández. Si es producto de acciones realizadas en violación a disposiciones legales, los responsables tienen que asumir las consecuencias de sus actos. Hasta ahora hemos seguido la política de "borrón y cuenta nueva", y los hechos demuestran que eso no le conviene a la nación, pues la falta de castigo estimula a los funcionarios ladrones. 

La mejor noticia que hemos recibido después del purgante fiscal, es la decisión del Consejo Económico y Social de investigar las causas del déficit  de 187 mil millones de pesos en que incurrió el gobierno de Leonel  Fernández  durante los primero siete meses del año, que representan un promedio que supera los 26 mil millones mensuales.

Como las recaudaciones, según lo demuestran los números oficiales, no se redujeron, sino que en lo que va del año se han incrementado en un 17%, y como la deuda del Estado con las empresas generadoras de electricidad, al 16 de agosto del 2012, ascendía a casi  39 mil millones de pesos, no es cierto que el déficit  como ha dicho Temistoclés Montás,  tuviera su origen en el incremento del subsidio al sector eléctrico y la disminución de las recaudaciones. A alguien se le fue la mano, y gastó más de lo presupuestado, en franca violación a la Constitución y a las disposiciones legales que regulan el gasto público.

La elección de Francisco Alvarez Valdez para presidir una comisión integrada por tres economistas y tres abogados para investigar las causas del deficit fiscal es una decisión atinada, y ojala el CES también acuerde posponer las discusiones sobre la propuesta de reforma fiscal hasta que esa comisión rinda su informe.

Esperamos que esa comisión tenga acceso a todas las informaciones que sean necesarias para dar seguimiento a la ejecución de la Ley de Presupuesto y Gasto Público para el 2012. Hay normas legales para ejercer un riguroso control del gasto público, y se puede gastar de menos, si no hay dinero, pero no gastar lo que no ha ingresado o  comprometer el crédito del Estado cogiendo "fiao" sin autorización.

PROJURIS PROPONE REFORMAS A LA PROPUESTA FISCAL

 I

El Presidente Danilo Medina ha presentado su propuesta fiscal, concebida con  el único interés de recaudar y disponer de más dinero. El gobierno justifica su propuesta en la necesidad de disminuir el deficit fiscal, cuyo autor lo es Leonel Fernández, pues fue quien en siete meses gastó por encima de las disponibilidades de su gobierno. 

Danilo, según demuestran sus actuaciones,  no va a disminuir el gasto público ni el despilfarro, pues si fuera esa su intención habría suprimido los inoperantes consejos de las empresas eléctricas y ordenado la racionalización del gasto del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo presupuesto alimenta un cuerpo diplomático y consular que tiene más miembros que el de Estados Unidos y China Popular. 

Como la preservación de la convivencia social, la paz y la gobernabilidad es una prenda común de todos los dominicanos, la  negociación  es la única vía que podría influir en la  propuesta fiscal. 

El gobierno dispone de la fuerza legislativa para imponer la reforma, pero sabe que sería un error político avasallar al pueblo, que en su conjunto ha rechazado la reforma fiscal confeccionada por los técnicos oficialistas, que son los mismos que asesoraron a Leonel Fernández durante sus ocho años de gobierno.

Pro Juris no cree necesario golpear más a la clase media y expandir la base del Itebis, afectando productos de la canasta familiar que consumen las personas de menos recursos, para recaudar la suma que se ha propuesto el gobierno.

A nadie le gusta pagar impuestos, y mucho menos que le suban o le creen nuevos impuestos, sobre todo si se trata de personas huérfanas de conexiones oficiales o algún vínculo con el gobierno de turno que le permita adelantar sus negocios y obtener beneficios negociando con el Estado. La mayoría de las empresas que han prosperado en los últimos ocho años son las que están asociadas a funcionarios leonelistas. Sus similares en manos de personas extrañas al gobierno han quebrado, languidecen por falta de actividad productiva y sobreviven a duras penas. No es lo mismo, por ejemplo, ser propietario de una planta de hormigón asociada a los intereses del  Ministro de Obras Públicas, o dueño de empresas dedicadas a la construcción con socios enquistados en el gobierno, que empresario independiente huérfano de relaciones oficiales.

Como intuimos  que el Presidente Danilo Medina y sus principales colaboradores no están dominados por la ambición desmedida que se apoderó de Leonel Fernandez y sus principales colaboradores durante ocho años, es de esperar que en el actual gobierno no se producirá un agujero fiscal de la magnitud del que creó la administración Fernández. Partiendo de esa premisa, consideramos que es posible otorgar a ciertas medidas fiscalistas una carácter de provisionalidad, limitando su vigencia a dos años.

El gobierno y los sectores de poder, sobre todo económico, tienen que pensar en la situación en que vive la masa de la población  ubicada entre la extrema pobreza y la clase media baja. Si somos diez millones de dominicanos, esa masa debe estar integrada por nueve millones. Ahí se encuentra el 56% de la economía informal y de sobrevivencia. Si a un salami que el gobierno de Leonel Fernández acaba de autorizar que le reduzcan la proteína cárnica en un 50%, el gobierno de Danilo Medina le sube el  itebis a un 18%, demostraría muy poca solidaridad con  la clase de la cual procede.

La propuesta fiscal debe contener algo de justicia social, y en vez de convertirse en un ariete que arremete ciego en contra de todos los sectores, debía ser un arma selectiva, y buscar dinero donde hay dinero en abundancia, al tiempo que adopta medidas para aliviar las cargas que soporta la clase media baja y los pobres, de manera que el gobierno consiga aliados para la reforma.

 Como se trata de un asunto público, su naturaleza es política, y por ende  nos   concierne y nos debe interesar a todos, pues impactará nuestras vidas, y si podemos disminuir los efectos negativos sobre la economía popular u obtener algún provecho, de naturaleza económica o política, aunque sea futurista, no es conveniente asumir una actitud intransigente, indiferente o de oposición a ultranza,  pues la reforma fiscal es irreversible.

La propuesta crea un motivo, por ejemplo, para que los perredeistas de todas las tendencias convoquen la Comisión Política, y acuerden que éste órgano asuma en representación del partido una oposición común  consensuada en el seno del organismo, ante la  reforma fiscal presentada por el gobierno.

La Comisión Política del PRD, hablando a nombre de todos los perredeistas y asumiendo una propuesta común, podría distender las tensiones internas y vincular su apoyo a una reforma fiscal consensuada a que el congreso apruebe la Ley de Partidos y designe al Defensor del Pueblo, que son tareas pendientes e impostergables, para superar algunos escollos de los escollos que impiden el desarrollo de la democracia dominicana.

Con la reducción a un 50%, durante dos años, a los fondos destinados a los partidos políticos y a senadores y diputados para obras sociales, se haría innecesario ampliar la base del itebis para afectar productos de primera necesidad o de uso habitual entre las clases menos afortunadas.. De esa manera el gobierno dispondrá de más dinero del que recaudaría por imponer itebis al mondongo, entresijos, morcillas y a todas las variedades de pan y bombones. 

Una reforma que reduzca a 500 pesos las placas de vehículos que tengan más de 5 años y le impongan a los que tengan menos de 5 años el 1.5% de su valor como impuesto de circulación, le daría al gobierno más dinero y sería saludada con agrado por los que serán beneficiados con una sustancial rebaja. Además, si ese mismo impuesto del 1.5% se le impone a los vehículos que traen exonerados los diputados, senadores y otros funcionarios, el gobierno contribuiría a la percepción de que está dispuesto a combatir los privilegios.

La reforma fiscal tiene que estar impregnada aunque sea tan sólo de una pizca de justicia social; aquí hay mucho dinero, muchísimo dinero, producido por el esfuerzo del obrero, que se amontona en bancos extranjeros y sólo beneficia a sus dueños y a los países donde tienen sus inversiones.

El gobierno dispone de los órganos y los mecanismos para determinar quienes tienen cuentas en bancos extranjeros y el monto de esos recursos, así como para monitorear el dinero que sale del país  No se trata sólo de las familias tradicionales que han dominado la economía del país en los últimos cien años, sino de personas que se han convertido en multimillonarios de la noche a la mañana, en todos los gobiernos, y que generalmente, utilizando testaferros o escudándose en múltiples empresas, se las ingenian para ocultar sus capitales en bancos extranjeros. 

Un 5% de ese capital sería suficiente para tapar el hoyo fiscal creado por Leonel Fernandez. Todo lo que se mueve a través del los intermediarios financieros es accesible a la Superintendencia de Bancos. Un impuesto al dinero depositado o remitido a través de los intermediarios financieros por dominicanos en bancos extranjeros reportaría lo suficiente para capitalizar el Banco de los Pobres y financiar a las Pymes. Los pesos que salen del país convertidos en euros o dólares, para engrosar cuentas en bancos extranjeros, o para cubrir necesidades de familiares de trabajadores extranjeros, es un dinero que invertido o consumido aquí, dinamizaría el comercio y la economía en sentido general. Con un  impuesto de un 5% a ese dinero que se va y no vuelve  hasta podría obviarse el impuesto a las industrias de zona franca. 

En el país hay muchos trabajadores extranjeros que no pagan un centavo de impuestos, pero que consumen los insumos que el Estado destina a sus nacionales y disfrutan con el mismo derecho que los dominicanos de sus instalaciones y facilidad deportivas y recreativas; los hay en todos los centros turísticos y en todas las actividades productivas. Reciben sus salarios en pesos dominicanos y los remesan en divisas a sus respectivos países. Con el 5% a los valores remesados por extranjeros que trabajan y viven en República Dominicana, convirtiendo en agentes de retención a todas las entidades dedicadas a esa actividad, el Estado obtendría dinero sin empobrecer a los dominicanos, y estaría en mejor condiciones para seguir supliendo las necesidades de esos extranjeros.

Pro Juris Inc.,  espera que el Presidente Danilo Medina Sánchez consulte con su almohada, y con su familia, pues nos parece que los técnicos que confeccionaron la propuesta lo hicieron con la solapada intención de hacerle daño a su gobierno y especialmente a las fuerzas de  Danilo Medina Sánchez dentro del Partido de la Liberación Dominicana. La reforma fiscal es inevitable, pero tiene que ser bien pensada.

  (continuará)

EL ARCHIVO DEL CASO BAUTISTA

Algunos distinguidos juristas, entre ellos Abel Rodríguez del Orbe y Jhon Garrido, han criticado la decisión  del Procurador General de la República de desarchivar  "el caso Bautista".  Lo han descalificado jurídicamente, y hasta hay quienes  interpretan la acción del Procurador como un lance político en busca de posicionamiento para las elecciones del 2016. 

El que más profundamente tocó el tema ha sido Jhon Garrido, por lo que me refiero a su opinión, recogida en una edición de El Nuevo Diario, en la que afirma que  "el caso Bautista" se trata de un asunto juzgado y que nadie puede ser perseguido dos veces por el mismo hecho, y que al tratarse de un archivo definitivo la acción penal  en contra del  senador Felix Bautitsta se extinguió.

Disiento del apreciado y admirado Jhon Garrido, pero supongo que él ha vertido una opinión sin haber analizado la Resolución DPCA  03093 de fecha 13 de agosto del 2012, con la que el ministerio público ordenó el archivo de las denuncias por supuestos actos de corrupción presentadas en contra del ingeniero Felix Bautista, ya que se trata de un jurista estudioso  y objetivo.

No es cierto  que  "Ya se extinguió esa acción penal y por el principio de persecución única no es posible perseguirlo dos veces por el mismo hecho ", como afirma el distinguido jurista.

El articulo 281 del CPP,  a que hace referencia mi amigo Garrido, contiene taxativamente enumeradas las nueve causales que podrían inducir al ministerio público a motivar el archivo de un caso, y en las mismas se señalan cuales de esas causas extinguen la acción penal; las citamos a continuación: a) Concurre un hecho justificativo o la persona no puede ser considerada penalmente responsable; b) Es manifiesto que el hecho no constituye una infracción penal; c) La acción penal se ha extinguido; d) Las partes se han conciliado, y e) Proceda aplicar un criterio de oportunidad.

Ninguna de esas causas fueron esgrimidas por el ministerio público para archivar el caso, razón por la que no se trata de un archivo definitivo.

Hay  otras cuatro causales que no extinguen la acción penal, y son las siguientes: a)  No existen suficientes elementos para verificar la ocurrencia del hecho; b) Un obstáculo legal impida el ejercicio de la acción; c) No se ha podido individualizar al imputado, y d) Los elementos de prueba resulten insuficientes para fundamentar la acusación y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos.

La Resolución DPCA  03093  se fundamentó en las causales 1 y 4, y en la motivación el ministerio público informa que las auditorías realizadas por la  Cámara de Cuentas aún no eran definitivas. O sea que los medios probatorios eran aún, a su juicio, insuficientes debido a la provisionalidad de los experticios que apoyaban las denuncias. Obviamente que no se descartó la ocurrencia de los hechos, y la suerte del caso dependía de los hallazgos de futuras investigaciones o de la conclusión de los experticios.

En las causales mencionadas se recurre al ARCHIVO PROVISIONAL, y el ministerio público encargado del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa así lo hace constar en su decisión, de manera que ese archivo no es un sueño eterno, sino que está sujeto a ser traído a la vida jurídica si varían las circunstancias que en su momento  justificaron la parálisis de la investigación.

En la especie, al tratarse de un ARCHIVO PROVISIONAL, el Procurador General de la República, bajo cuya responsabilidad directa se encuentra el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, no tiene que hacer ningún pedimento a la Suprema Corte de Justicia, sobre todo porque la Suprema Corte de Justicia aún no ha sido apoderado de ningún caso de corrupción que involucre a Felix Bautista, y como se trató de un archivo provisional el asunto nunca ha salido de la esfera del ministerio público..

La acción penal en contra de Felix Bautista, que podría ser inocente o culpable, NO SE HA EXTINGUIDO, pues el archivo fue provisional, y como nunca ha sido juzgado por los hechos que se le imputan, el ministerio público actúa dentro de sus atribuciones cuando decide desarchivar el caso y, suponemos,  lo hace porque ya está en poder de las auditorías definitivas y se justifica  profundizar las investigaciones.

Incluso, el ministerio público puede, y sería saludable que lo hiciera, aprovechar la  Ley 120-01,  que instituye el Código de Etica del Servidor Público para " gestionar la asesoría de personas e instituciones con el fin de obtener informaciones que puedan esclarecer la conducta y el patrimonio de los funcionarios públicos" (Párrafo ünico del Art. 7). Es obvio que leyes con previsiones sensatas no faltan.

Sería saludable y conveniente que el Procurador General de la República contrate investigadores , pues el país carece de instituciones y madurez para garantizar una investigación imparcial, objetiva y transparente en materia de corrupción administrativa, sobre todo cuando los hechos son imputados a personas de la influencia del senador Bautista.

Creemos que al senador  Felix Bautista y a su familia le conviene una investigación exhaustiva del origen de sus bienes y el bondadoso crecimiento de su fortuna. El que no tiene hechas no tiene sospecha, solían decir los viejos dominicanos.

Con la asistencia de organizaciones como Transparencia Internacional y el Foro Económico Mundial, que están dispuestos a acudir al llamado del ministerio público, bien podríamos  contar con una investigación de calidad y desinteresada, y evitar que se sigan manchando conductas inmaculadas o que depredadores del erario público disfruten impunemente el producto de sus crímenes.

El Procurador General de la República tiene un reto por delante, y una magnífica oportunidad de casarse con la gloria. 

Los funcionarios públicos que han servido su cargo con honestidad no tienen nada que temer, y las cúpulas de todos los partidos políticos harían una gran contribución al adecentamiento de la actividad política si apoyan hasta las últimas consecuencias la decisión de Dominguez Brito.  

A nombre de PRO JURIS, encarecidamente, solicitamos al Procurador General de la República que solicite asesoría internacional para investigar la corrupción administrativa de todos los gobiernos que ha tenido la República en los últimos 20 años. 

HACE FALTA QUIEN LE PONGA EL CASCABEL AL GATO.