LA "COSA" VA EN SERIO

Pro Juris aboga porque el conocimiento de la propuesta del purgante  fiscal elaborado por el gobierno de Danilo Medina se postergue hasta que se determine si los responsables incurrieron en faltas penales, y de ser así, que sean traducidos a la acción de la justicia.

Las aspiraciones de la mayoría de la sociedad dominicana, en el seno del Consejo Económico y Social donde se debate la controversial reforma fiscal promovida por Danilo Medina y su equipo económico, está representada y sintetizada en las exposiciones de  Participación Comunitaria. Su presidente, Francisco Alvarez,  condicionó su apoyo a la reforma tributaria  a que primero se hagan los correctivos correspondientes a la corrupción y al dispendio en el gasto público.

Alvarez ha sido muy enfático al reclamar el "total esclarecimiento de las acciones que generaron el  déficit fiscal, l y que se rinda un minucioso informe sobre las violaciones a la Constitución y las leyes, asignando las responsabilidades de lugar". Si  el  deficit fiscal es producto de corrupción administrativa,    los culpables deben ser procesados y sancionados drásticamente. 

Si hoy tenemos una banca  sana y financieramente sólida se debe a que los banqueros ladrones fueron penal y económicamente sancionados. La sanción fue positiva y surtió  efectos disuasivos: Ningún banquero quiere estar en el pellejo de Ramón Báez Figueroa.   

Por salud de la Patria y el bienestar de las futuras generaciones el gobierno de Danilo Medina debe hacer lo que nunca se ha hecho en el tratamiento del deficit fiscal heredado del gobierno de Leonel Fernández. Si es producto de acciones realizadas en violación a disposiciones legales, los responsables tienen que asumir las consecuencias de sus actos. Hasta ahora hemos seguido la política de "borrón y cuenta nueva", y los hechos demuestran que eso no le conviene a la nación, pues la falta de castigo estimula a los funcionarios ladrones. 

La mejor noticia que hemos recibido después del purgante fiscal, es la decisión del Consejo Económico y Social de investigar las causas del déficit  de 187 mil millones de pesos en que incurrió el gobierno de Leonel  Fernández  durante los primero siete meses del año, que representan un promedio que supera los 26 mil millones mensuales.

Como las recaudaciones, según lo demuestran los números oficiales, no se redujeron, sino que en lo que va del año se han incrementado en un 17%, y como la deuda del Estado con las empresas generadoras de electricidad, al 16 de agosto del 2012, ascendía a casi  39 mil millones de pesos, no es cierto que el déficit  como ha dicho Temistoclés Montás,  tuviera su origen en el incremento del subsidio al sector eléctrico y la disminución de las recaudaciones. A alguien se le fue la mano, y gastó más de lo presupuestado, en franca violación a la Constitución y a las disposiciones legales que regulan el gasto público.

La elección de Francisco Alvarez Valdez para presidir una comisión integrada por tres economistas y tres abogados para investigar las causas del deficit fiscal es una decisión atinada, y ojala el CES también acuerde posponer las discusiones sobre la propuesta de reforma fiscal hasta que esa comisión rinda su informe.

Esperamos que esa comisión tenga acceso a todas las informaciones que sean necesarias para dar seguimiento a la ejecución de la Ley de Presupuesto y Gasto Público para el 2012. Hay normas legales para ejercer un riguroso control del gasto público, y se puede gastar de menos, si no hay dinero, pero no gastar lo que no ha ingresado o  comprometer el crédito del Estado cogiendo "fiao" sin autorización.