PROJURIS PROPONE REFORMAS A LA PROPUESTA FISCAL

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El Presidente Danilo Medina ha presentado su propuesta fiscal, concebida con  el único interés de recaudar y disponer de más dinero. El gobierno justifica su propuesta en la necesidad de disminuir el deficit fiscal, cuyo autor lo es Leonel Fernández, pues fue quien en siete meses gastó por encima de las disponibilidades de su gobierno. 

Danilo, según demuestran sus actuaciones,  no va a disminuir el gasto público ni el despilfarro, pues si fuera esa su intención habría suprimido los inoperantes consejos de las empresas eléctricas y ordenado la racionalización del gasto del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo presupuesto alimenta un cuerpo diplomático y consular que tiene más miembros que el de Estados Unidos y China Popular. 

Como la preservación de la convivencia social, la paz y la gobernabilidad es una prenda común de todos los dominicanos, la  negociación  es la única vía que podría influir en la  propuesta fiscal. 

El gobierno dispone de la fuerza legislativa para imponer la reforma, pero sabe que sería un error político avasallar al pueblo, que en su conjunto ha rechazado la reforma fiscal confeccionada por los técnicos oficialistas, que son los mismos que asesoraron a Leonel Fernández durante sus ocho años de gobierno.

Pro Juris no cree necesario golpear más a la clase media y expandir la base del Itebis, afectando productos de la canasta familiar que consumen las personas de menos recursos, para recaudar la suma que se ha propuesto el gobierno.

A nadie le gusta pagar impuestos, y mucho menos que le suban o le creen nuevos impuestos, sobre todo si se trata de personas huérfanas de conexiones oficiales o algún vínculo con el gobierno de turno que le permita adelantar sus negocios y obtener beneficios negociando con el Estado. La mayoría de las empresas que han prosperado en los últimos ocho años son las que están asociadas a funcionarios leonelistas. Sus similares en manos de personas extrañas al gobierno han quebrado, languidecen por falta de actividad productiva y sobreviven a duras penas. No es lo mismo, por ejemplo, ser propietario de una planta de hormigón asociada a los intereses del  Ministro de Obras Públicas, o dueño de empresas dedicadas a la construcción con socios enquistados en el gobierno, que empresario independiente huérfano de relaciones oficiales.

Como intuimos  que el Presidente Danilo Medina y sus principales colaboradores no están dominados por la ambición desmedida que se apoderó de Leonel Fernandez y sus principales colaboradores durante ocho años, es de esperar que en el actual gobierno no se producirá un agujero fiscal de la magnitud del que creó la administración Fernández. Partiendo de esa premisa, consideramos que es posible otorgar a ciertas medidas fiscalistas una carácter de provisionalidad, limitando su vigencia a dos años.

El gobierno y los sectores de poder, sobre todo económico, tienen que pensar en la situación en que vive la masa de la población  ubicada entre la extrema pobreza y la clase media baja. Si somos diez millones de dominicanos, esa masa debe estar integrada por nueve millones. Ahí se encuentra el 56% de la economía informal y de sobrevivencia. Si a un salami que el gobierno de Leonel Fernández acaba de autorizar que le reduzcan la proteína cárnica en un 50%, el gobierno de Danilo Medina le sube el  itebis a un 18%, demostraría muy poca solidaridad con  la clase de la cual procede.

La propuesta fiscal debe contener algo de justicia social, y en vez de convertirse en un ariete que arremete ciego en contra de todos los sectores, debía ser un arma selectiva, y buscar dinero donde hay dinero en abundancia, al tiempo que adopta medidas para aliviar las cargas que soporta la clase media baja y los pobres, de manera que el gobierno consiga aliados para la reforma.

 Como se trata de un asunto público, su naturaleza es política, y por ende  nos   concierne y nos debe interesar a todos, pues impactará nuestras vidas, y si podemos disminuir los efectos negativos sobre la economía popular u obtener algún provecho, de naturaleza económica o política, aunque sea futurista, no es conveniente asumir una actitud intransigente, indiferente o de oposición a ultranza,  pues la reforma fiscal es irreversible.

La propuesta crea un motivo, por ejemplo, para que los perredeistas de todas las tendencias convoquen la Comisión Política, y acuerden que éste órgano asuma en representación del partido una oposición común  consensuada en el seno del organismo, ante la  reforma fiscal presentada por el gobierno.

La Comisión Política del PRD, hablando a nombre de todos los perredeistas y asumiendo una propuesta común, podría distender las tensiones internas y vincular su apoyo a una reforma fiscal consensuada a que el congreso apruebe la Ley de Partidos y designe al Defensor del Pueblo, que son tareas pendientes e impostergables, para superar algunos escollos de los escollos que impiden el desarrollo de la democracia dominicana.

Con la reducción a un 50%, durante dos años, a los fondos destinados a los partidos políticos y a senadores y diputados para obras sociales, se haría innecesario ampliar la base del itebis para afectar productos de primera necesidad o de uso habitual entre las clases menos afortunadas.. De esa manera el gobierno dispondrá de más dinero del que recaudaría por imponer itebis al mondongo, entresijos, morcillas y a todas las variedades de pan y bombones. 

Una reforma que reduzca a 500 pesos las placas de vehículos que tengan más de 5 años y le impongan a los que tengan menos de 5 años el 1.5% de su valor como impuesto de circulación, le daría al gobierno más dinero y sería saludada con agrado por los que serán beneficiados con una sustancial rebaja. Además, si ese mismo impuesto del 1.5% se le impone a los vehículos que traen exonerados los diputados, senadores y otros funcionarios, el gobierno contribuiría a la percepción de que está dispuesto a combatir los privilegios.

La reforma fiscal tiene que estar impregnada aunque sea tan sólo de una pizca de justicia social; aquí hay mucho dinero, muchísimo dinero, producido por el esfuerzo del obrero, que se amontona en bancos extranjeros y sólo beneficia a sus dueños y a los países donde tienen sus inversiones.

El gobierno dispone de los órganos y los mecanismos para determinar quienes tienen cuentas en bancos extranjeros y el monto de esos recursos, así como para monitorear el dinero que sale del país  No se trata sólo de las familias tradicionales que han dominado la economía del país en los últimos cien años, sino de personas que se han convertido en multimillonarios de la noche a la mañana, en todos los gobiernos, y que generalmente, utilizando testaferros o escudándose en múltiples empresas, se las ingenian para ocultar sus capitales en bancos extranjeros. 

Un 5% de ese capital sería suficiente para tapar el hoyo fiscal creado por Leonel Fernandez. Todo lo que se mueve a través del los intermediarios financieros es accesible a la Superintendencia de Bancos. Un impuesto al dinero depositado o remitido a través de los intermediarios financieros por dominicanos en bancos extranjeros reportaría lo suficiente para capitalizar el Banco de los Pobres y financiar a las Pymes. Los pesos que salen del país convertidos en euros o dólares, para engrosar cuentas en bancos extranjeros, o para cubrir necesidades de familiares de trabajadores extranjeros, es un dinero que invertido o consumido aquí, dinamizaría el comercio y la economía en sentido general. Con un  impuesto de un 5% a ese dinero que se va y no vuelve  hasta podría obviarse el impuesto a las industrias de zona franca. 

En el país hay muchos trabajadores extranjeros que no pagan un centavo de impuestos, pero que consumen los insumos que el Estado destina a sus nacionales y disfrutan con el mismo derecho que los dominicanos de sus instalaciones y facilidad deportivas y recreativas; los hay en todos los centros turísticos y en todas las actividades productivas. Reciben sus salarios en pesos dominicanos y los remesan en divisas a sus respectivos países. Con el 5% a los valores remesados por extranjeros que trabajan y viven en República Dominicana, convirtiendo en agentes de retención a todas las entidades dedicadas a esa actividad, el Estado obtendría dinero sin empobrecer a los dominicanos, y estaría en mejor condiciones para seguir supliendo las necesidades de esos extranjeros.

Pro Juris Inc.,  espera que el Presidente Danilo Medina Sánchez consulte con su almohada, y con su familia, pues nos parece que los técnicos que confeccionaron la propuesta lo hicieron con la solapada intención de hacerle daño a su gobierno y especialmente a las fuerzas de  Danilo Medina Sánchez dentro del Partido de la Liberación Dominicana. La reforma fiscal es inevitable, pero tiene que ser bien pensada.

  (continuará)