viernes, 10 de agosto de 2012

LA SUPREMA MORA JUDICIAL



La administración que se instauró en la  República Dominicana el 3 de agosto del 1997, presidida por el magistrado  Jorge Subero Isa, fruto de la reforma constitucional del 1994, encontró un colosal cúmulo de expedientes sin fallar y un retraso de más de diez años en la publicación del Boletín Judicial; los locales donde se impartía justicia estaban en ruinas, con muebles desvencijados y equipos anticuados, y en la mayoría de los casos inservibles. 

En la administración de Subero el Poder Judicial experimento notables e importantes avances, sobre todo en cuanto a la adecuación de espacios físicos, la automatización del servicio judicial, el rescate del Boletín Judicial y la formación de jueces y auxiliares; un hito importante y luminoso de su gestión lo constituye la modernización de la jurisdicción inmobiliaria y el rescate de la credibilidad del Registro de Títulos.

En su presidencia se  fundó la Escuela Nacional de la Judicatura, en cuyas aulas se han formado muchos jueces y han encontrado oportunidad de superarse todos los auxiliares de la justicia. 

Mérito de su administración es haber vinculado el Poder Judicial dominicano con el mundo jurídico contemporáneo, sirviendo las iniciativas de su gestión de inspiración a muchos países iberoamericanos.
No obstante, hay un aspecto crucial que la administración de Jorge Subero no pudo superar: La mora judicial que es una de las debilidades de nuestro sistema judicial desde tiempos inmemoriales, tal como acotó el abogado, pensador y sociólogo empírico, Francisco Bonó, en uno de sus estudios.

La administración de Subero intentó abordar el problema comenzando con la celebración de un  seminario, que se impartió a todos los jueces del país,  con el propósito de  determinar las causas del retraso y las alternativas para superarlo. 

La mora judicial afectaba a todas las jurisdicciones; y cuando la Suprema Corte de Justicia, previo a la entrada en vigencia del  Código Procesal Penal asumió la tarea de auditar la mora penal, se encontró con cientos de miles de expedientes, algunos descuartizados, que correspondían a procesos que comenzaron a instruirse con el Código de Procedimiento Criminal y  se quedaron en un limbo jurídico.

Sólo la Tercera Sala de la Camara Penal del Distrito Nacional, que entonces era presidida por el autor de estas notas, tenía mas de 38 mil expedientes cubiertos de polvos en un almacén habilitado por la SCJ, donde se consumieron los impotentes clamores de justicia  de muchas victimas. 

Con la entrada en vigencia del Codigo Procesal Penal,  y la vigencia de plazos imperativos, la mora penal ha disminuido notablemente en la jurisdicción penal, y hasta ahora todos los crímenes y delitos  que ha perseguido el ministerio público, sustentado en medios probatorios obtenidos legalmente, han concluido con sentencia para los infractores. 

La iniciativa del magistrado Jorge Subero para superar la mora se quedo atascada en el camino, por diferentes motivos, entre ellos la escasez de recursos que impidió al Poder Judicial crear los tribunales necesarios, y otro por la desidia de auxiliares y jueces, entre ellos jueces de la Suprema Corte de Justicia. 

Jorge  Subero Isa  ocupo la presidenica de la SCJ desde el 3 de agosto del 1997 hasta el 8 de diciembre del 2011, o sea durante 14 años 4 meses y 25 días. En ese largo período creció la mora judicial.


A raíz de las profundas divergencias que se suscitaron en el pleno de la SCJ debido a criterios disidentes en el tratamiento del caso Sund Land, Subero manifestó que  a la Suprema le hacia falta un nuevo liderazgo que fuera capaz de aglutinar el pensamiento en el sentir de los jueces. Y como para disipar dudas, repitió: " Sí, escucharon bien, se lo repito, necesita un nuevo liderazgo." 

Hoy el Poder Judicial tiene un nuevo liderazgo, encarnado en el magistrado Mariano Germán Mejía, abogado litigante, proactivo, y conocedor a carta cabal de la realidad de la justicia dominicana: sus fortalezas, debilidades  y sus necesidades.


La administración del Dr. Mariano Germán Mejía, tal y como resaltó en un comentario el periodista Álvaro Arvelo,  ha heredado una mora judicial superior a la que recibió el magistrado Jorge Subero Isa.

Conviene a la nueva administración que el tema de la mora judicial sea analizado con objetividad y sin apasionamientos, para que no se le cargue demasiado el dado a los jueces. Si el Poder Judicial no recibe los recursos necesarios para cumplir con su misión de impartir justicia dentro de un plazo razonable, la mora seguirá creciendo, pues la actividad jurisdiccional es cada día más dinámica. 

Mientras la ley asigna al Poder Judicial el 2.66% del Presupeusto Nacional, en el año 2011 recibió menos del 1% y para el 2012 la asignación fue del 0.84%. Esa carencia de recursos la heredó Marianito, y sin dinero es imposible satisfacer las necesidades de la justicia, entre ellas construir el Palacio de Justicia de la Provincia Santo Domingo, y crear nuevas salas, sobre todo en Departamento Judicial que corresponde a dicha provincia.

Basta con visitar el local ubicado en la avenida Charles de Gaulle No. 23, donde se imparte justicia penal para la Provincia Santo Domingo, cuya población supera los dos millones de habitantes, más que la suma del Distrito Nacional y Santiago, para apreciar los efectos de la falta de recursos en la administración de justicia. En esa jurisdicción "el debido proceso" es una quimera, pues la cantidad de  procesos impide hasta cumplir con los plazos procesales. La oficina de atención permanente funciona en un furgón.

La comunidad jurídica espera que en el próximo presupuesto se cumpla con la ley que otorga el 2.66% a la justicia. El Poder Judicial necesita recursos para construir el Palacio Judicial de la Provincia Santo Domingo y para crear nuevas salas en el Departamento Judicial de Santo Domingo. Actualmente la única sala civil que funciona en el municipio Santo Domingo Este está fijando audiencia para dentro de 9 meses.

Cualquiera que persiga un cobro de pesos, la nulidad de un contrato, etc. y acuda hoy a esa sala, verá su primera audiencia en el mes de mayo del 2013. En esa única sala hay una mora judicial que le ha quitado sentido a la administración de justicia, pues simplemente no hay justicia, y no por falta de diligencia, pues el magistrado titular produce más fallos que cualquier otro, pero es un ser humano, y sencillamente no puede hacer más. 

Las consecuencias de la faltas de recurso del Poder Judicial las padece la ciudadanía, y como justicia tardía equivale a denegación de justicia, tal como suelen decir todos los abogados antes de ser jueces, afirmar que en la República Dominicana, tras 15 años de la reforma, la justicia brilla por sus fueros, no es una exageración.

Jorge Subero Isa no pudo superar la mora judicial por falta de recursos,  y porque entre sus pares los hubo que estuvieron más atento en serrucharle el palo que en fallar expedientes. Por lo menos ya Marianito superó un escollo, pues nadie va a intentar serrucharle el palo, y como  "aglutina el pensamiento en el sentir de los jueces" de la SCJ,  tiene el respaldo de todos los magistrados del país y el apoyo del Consejo Superior del Poder Judicial, puede introducir algunas reformas que permitirían superar la mora  judicial en un tiempo razonable. 

El Dr. Germán Mejía es  creativo,  y sus contactos con los jueces de los diferentes Departamentos Judiciales, en su propio habitat, es una señal de interés en la cotididianidad de los operadores del sistema, y con su liderazgo incólume está en condiciones de adoptar alternativas viables, efectivas y económicas para en cuestión de un par de años  tener el sistema actualizado y limpio.  

Ojala que el Presidente de la SCJ pondere la posibilidad de suprimir provisionalmente todos los juzgados de paz cuya labor jurisdiccional es esporádica y casi improductiva, según muestran las estadísticas del Poder Judicial, y emplear esos jueces de paz y el personal auxiliar, habilitados debidamente,  en un proyecto antimora a nivel nacional. 

Otra alternativa factible es publicar todos los recursos de casación pendientes de fallo y otorgar un plazo de tres meses para que las partes manifiesten su interés; a partir del plazo fallar con carácter de prioridad aquellos que hayan suscitado el interés de alguna de las partes.

La mora judicial debe ser superada, para que el sistema judicial inspire confianza y se consolide,  en un  Estado Social de Derechos incipiente, que para dar vida y sentido a sus institutos requiere el apoyo de  una justicia  que responda  en tiempo  oportuno.

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